El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo ha sentenciado en fecha 21.12.16 que los bancos españoles deben devolver todo el dinero cobrado a través de la clausulas suelo.Declarando “incompatibles dichas clausulas con el Derecho de la Unión”.En concreto al ser estas contrarias a los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las clausulas suelo abusivas en los contratos celebrados con los consumidores.Esta sentencia se suma a otra dictada por un juzgado de Madrid el pasado mes de abril 2016, que consideró que 40 bancos y cajas habían utilizado de forma generalizada dichas clausulas de forma “poco transparente y abusivas”.

Creo conveniente que empecemos por el principio.

Aanalicemos que es una clausula suelo para conocer la importancia del asunto, y es que la mayoría de hipotecas en España se firmaron referenciadas a tipo de interés variable denominado Euribor.Tratándose de una tasa de intereses que se calculan a nivel europeo y que fluctúa constantemente.Los bancos, cuando conceden un crédito, por regla general, exigen en la devolución el pago de ese euríbor más un diferencial.Un préstamo a euríbor+1,5 significa que tiene los intereses del euríbor y un punto y medio extra. Esos intereses se revisan cada año, en los que se actualiza según la cotización del euríbor.Pudiendo subir o bajar en función de la fluctuación constante del euríbor, en muchas hipotecas se incluyeron cláusulas de suelo y techo.Esto significaba que la entidad bancaria incluyo en los contratos unos topes máximos sobre los que los intereses no crecerían aunque el euríbor subiera por encima (techo) y unos topes bajo los que los intereses nunca podrían reducirse (suelo).

Hay que recordar.

Que el euríbor en verano del año 2008 llego a superar el 5%, lo que significaba que para aquellas hipotecas firmadas con un euríbor+1,5 los deudores pagaban más del 6,5% de interés.Lo grave era que no se aplicaban entonces las cláusulas techo.De forma “sorprendente” los contratos hipotecarios se habían colocado en la gran mayoría de los casos por encima del 10%.Ahora bien los efectos de la crisis también llegaron a este sector y la bajada del Euribor fue constante en los próximos meses y ahí llego el problema.Cuando el euríbor se situó por debajo del 3% la mayoría de los contratos donde había cláusulas suelo se activaron y ante la imposibilidad de miles de hipotecados de beneficiarse por la bajada del euríbor, muchos descubrieron que sus contratos tenían cláusulas suelo.De ahí surgieron las demandas ya que muchos clientes aseguraban que no conocían su existencia de dichas clausulas y que las diferencias entre la clausula suelo (entre el 2% y el 4%) y la clausula techo (entre el 9% y el 15%) eran “clausulas abusivas”.

La mayoría de sentencias fueron en la misma línea.

La de considerar abusivas las cláusulas suelo, especial relevancia tuvo la sentencia del Supremo en mayo del año 2013 que señalo que los topes quedaban anulados por ser estos “poco transparentes y no se explicaron bien sus efectos a los clientes”.Afectando la resolución a las entidades BBVA, Caja Rural y Banco Popular, aunque las repercusiones reales fueron para todo el sector bancario.En concreto el Supremo declaró nulo este tope de bajada de intereses a partir de mayo 2013, que es cuando publicó su sentencia.Ahora, el TJUE da otro paso más y obliga a todas las entidades financieras a devolver todo lo cobrado a través de estas cláusulas.El fallo de la sentencia dice literalmente.

“El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.”

El dictamen del Tribunal Supremo canceló en 2013 todas estas cláusulas.

Al considerarlas abusivas y poco transparentes.Fijando su nulidad el 9 de mayo de 2013 y no con efectos retroactivos al año 2009, fecha en que las entidades bancarias empezaron a aplicarlas.Supuestamente para proteger a la banca del impacto de las devoluciones cuando apenas pasaban unos meses del rescate financiero europeo.Ahora la sentencia del TJUE amplía esa fecha y recalca que se declaran nulas todas las cláusulas suelo de todas las entidades financieras.Muchos hipotecados, con las sentencias del Supremo, ya vieron sus cláusulas suelo anuladas.Algunas entidades decidieron negociar con los hipotecados, y llegaron a acuerdos particulares para suspender ese apartado de los contratos o incluso han llegado a sustituir el tipo de cálculo pasando de un tipo variable a fijo.

Pero aún quedaban miles de afectados que no le han suprimido la clausula o que se lo han hecho y no le han devuelto importe alguno de lo que le han cobrado de más.Hay que recordar que los acuerdos que han realizado algunas entidades con sus clientes haciéndoles renunciar a las acciones judiciales pueden ser declaradas nulas por la misma razón.Por abusivas ya que no se pueden seguir pisoteando el derecho de los consumidores.Por todo ello podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esta sentencia no pone punto final a este asunto sino todo lo contrario, se pueden reactivar las demandas contra las entidades bancarias si estas no son capaces de conformar a sus clientes.A colación de esta última afirmación, ya nos estamos encontrando con afirmaciones de algunas entidades bancarias que no están por la labor.Afirman que aún están estudiando la decisión judicial y otras que la decisión no les afecta y que no están dispuestas a llegar a una devolución generalizada.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE ACCIDENTES LABORALES

Se denomina accidentes laborales a aquel que sufre un trabajador durante su jornada laboral. Se incluyen también como accidentes de este tipo aquellos denominados in itinere.

Es decir, los sufridos durante el trayecto “directo” de su casa al trabajo o viceversa, con independencia del tiempo que dure el mismo.

Es decir que pueden existir accidentes dos horas antes o después del trabajo y algunos que se produzcan a los quince minutos no se consideran.

Ya que ha existido una interrupción en el trayecto.

En estos últimos la indemnización está sujeta a las mismas exigencias que los accidentes de tráfico.

De tal manera que la indemnización sólo será posible cuando el lesionado no sea culpable del accidente.

Se entiende también cómo accidente profesional a las lesiones corporales sufridas por el trabajador como consecuencia del trabajo que desarrolle.

En el concepto de accidente de tipo laboral se incluyen también los sufridos por trabajadores autónomos.

Siempre que estos hayan solicitado esta cobertura a la Seguridad Social y abonen las cuotas sociales correspondientes.

Cobertura ésta muy poco utilizada.

Por lo tanto, para que un accidente sea considerado laboral, y como consecuencia susceptible de indemnización, debe cumplir las siguientes características.

• Que el trabajador sufra una lesión corporal, física, psíquica o enfermedad.
• Sea un trabajador por cuenta ajena o esté dado de alta en la contingencia de accidente de trabajo como autónomo por cuenta propia o sea socio trabajador de una sociedad mercantil.
• El accidente sea con ocasión o como consecuencia del trabajo.

Únicamente se podrá reclamar indemnización.

1º En caso de accidentes profesionales y laborales cuando este se haya producido por culpa o negligencia del empresario, en el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

Es decir, cuando el accidente sea consecuencia de una infracción del empresario.

2º A la hora de solicitar una indemnización por accidente laboral es importante reunir en la documentación.

Los resultados de las Inspecciones de Trabajo anteriores a la fecha del accidente por si se hubiese levantado un Acta de Infracción.

Lo que facilitaría el resultado positivo del litigio, así como todos los testimonios y documentos que podamos.

En caso de accidentes muy graves, la policía levantará atestado de lo ocurrido.

El responsable de pago en caso de un accidente sufrido en el trabajo (o In Itinere).

Será la Empresa culpable del accidente y su Entidad Aseguradora (Mutua) de la responsabilidad civil.

En el caso de que existan dos empresas responsables del accidente, contrata y principal por ejemplo, en la mayoría de los casos ambas serán responsables solidarios.

La gran mayoría de las empresas cuentan con un seguro de responsabilidad civil.

Por lo que tras identificar a la compañía aseguradora.

Debemos ampliar la demanda contra ella (Jurisdicción Social) o ser citada como responsable civil subsidiario (Jurisdicción Penal).

Plazo de Prescripción de los Accidentes Laborales.

Como norma general podemos señalar que el plazo de prescripción de la acción penal es de 3 años, mientras que en el caso de la acción social.

Este plazo se reduce a 1 año a partir de la estabilización de las secuelas, o en su caso, a partir de que sea concedida la Incapacidad Permanente.

Accidentes Laborales. En la legislación española se consideran accidentes profesionales los siguientes.

• Los accidentes in itinere son considerado accidente laboral siempre que se produzcan en un recorrido directo entre el domicilio habitual y el puesto de trabajo o viceversa (tal y como ya explicamos).
• Los accidentes de trabajo o profesionales, incluidos los in itinere.Ocurridos como consecuencia del desempeño de cargos electivos o carácter sindical o de gobierno de entidades gestoras.
• Todos los accidentes que ocurran como consecuencia de las tareas ejecutadas por el trabajador en interés del buen funcionamiento de la empresa en cumplimiento de las órdenes del empresario, aunque sean distintas a las establecidas en su categoría profesional.
• Los ocurridos en actos de salvamento o de naturaleza similar cuando tengan conexión con el trabajo.
• Aquellas enfermedades, no catalogadas como enfermedad profesional, que se contraigan como consecuencia de la realización de la tarea profesional.
• Enfermedades o defectos, incluso padecidas con anterioridad al accidente, que se agraven como consecuencia del mismo.
• Las enfermedades cardiovasculares, hemorragias cerebrales o similares cuando se producen como consecuencia del trabajo.

Por otra parte, no están considerados como accidentes de tipo laboral las siguientes excepciones.

• La imprudencia temeraria y la imprudencia profesional.
• Los producidos mientras el accidentado esté cometiendo un acto doloso.
• Las enfermedades cardiovasculares hemorragias cerebrales o similares que a pesar de producirse en el puesto de trabajo.

No son consecuencia de la actividad profesional, aunque sobre estas causas existe jurisprudencia contradictoria.

Como ya hemos comentado en el epígrafe anterior, sólo los accidentes profesionales consecuencia de una infracción en las normas de prevención de riesgos laborales, son susceptibles de indemnización.

A continuación os detallamos las infracciones más habituales en los accidentes en el desempeño de un trabajo sufridos en nuestro país.

• La falta de Evaluación de los Riesgos Laborales de los puestos de trabajo de los trabajadores.
• Falta de Medidas Colectivas de Seguridad, (redes, barandillas…).
• Falta de Equipos de Protección Individual (EPI’s) como arneses, botas, guantes, etc.
• Deficiente coordinación entre las diferentes empresas que intervienen en un mismo proyecto.
• La falta de delimitación ni señalización de la zona de trabajo.
• Falta de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo con contenido adecuado a los riesgos para la seguridad de los trabajadores.
• Falta de formación del trabajador en Prevención de Riesgos Laborales.